El blog de la Mutualidad de la Abogacía

Dolores Delgado
10 octubre 2018

Entrevista a Dolores Delgado García

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Con más de un cuarto de siglo de experiencia, la nueva ministra de Justicia desgrana los principales proyectos que afronta su ministerio para mejorar el mundo judicial.

Nacida en Madrid en 1962, la nueva ministra de Justicia acumula 28 años de servicio, 25 de ellos en la Audiencia Nacional, donde trabajó en temas de narcotráfico. Es experta en el área de terrorismo yihadista y se muestra a favor de los principios de justicia universal, de la modernización de la Justicia, de una justa remuneración de jueces y fiscales, así como de abrir vías de diálogo con todos los protagonistas del mundo judicial. 

En esta nueva etapa al frente del ministerio, ¿qué proyectos quiere promover para mejorar la Justicia?

La Administración de Justicia ha sufrido un grave deterioro en los últimos años que ha afectado a la necesaria confianza que debe tener en ella la sociedad cuyos derechos garantiza. Desde el Ministerio de Justicia queremos fortalecerla y basar nuestra actuación en grandes ejes como la transparencia, la igualdad, los derechos humanos, la eficacia, el diálogo con los operadores jurídicos… Todo para lograr una Justicia más cercana a la ciudadanía en ese aspecto esencial de servicio público.

También pretendemos impulsar un modelo de Justicia que nos permita dimensionar y racionalizar los medios existentes, determinar las cargas de trabajo, diseñar adecuadamente la oficina judicial y fiscal y replantear el uso de las tecnologías. Y vamos a hacerlo desde un diálogo real y efectivo con quienes trabajan por y para la Administración de Justicia para, entre todos, avanzar en un proceso de modernización que ofrezca a nuestro país una verdadera Administración de Justicia propia del siglo XXI.

En los próximos Presupuestos Generales, ¿tendrá una mejor dotación su departamento?

Ese es mi compromiso y la voluntad del Gobierno, aunque para ello necesitábamos que el Parlamento ratificase los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria 2019-2021, que permiten poner las bases de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, lo que no ha ocurrido. Es esa nueva senda de estabilidad presupuestaria la que garantiza más recursos para las políticas sociales que quiere poner en marcha el Gobierno para ampliar derechos, impulsar la competitividad y recuperar la confianza de la ciudadanía en la capacidad de las instituciones de resolver sus problemas.

Su predecesor impulsó el desarrollo de LexNet para eliminar el papel y agilizar el trabajo. ¿Cómo ha encontrado el nivel de eficiencia de su implantación? ¿Es solo una cuestión de recursos? 

Cualquier sistema judicial necesita acceder a las nuevas tecnologías, porque hoy día el papel o es digital o es papel mojado. La digitalización es una oportunidad de incorporar la Justicia a la modernidad y mejorar el servicio público que presta, los medios materiales puestos a su servicio y la tutela judicial efectiva. Sin embargo, es preciso mejorar el sistema y extremar las garantías de integridad, seguridad y eficacia, que hoy no se cumplen por completo.

¿Piensa que los usuarios tienen suficiente formación en estas habilidades?

La implantación de los sistemas digitales exige un cambio de mentalidad y de formas de trabajo; debe ser ambiciosa, pero también cauta, controlada por los propios profesionales a los que va dirigida, que deben participar en su desarrollo. Y para ello es imprescindible una formación adecuada.

¿Cómo ha pensado enfocar las reivindicaciones de jueces y fiscales cuyo descontento ya se puso de manifiesto en la etapa anterior?

Las asociaciones profesionales de jueces y fiscales pudieron descubrirlo en la reunión que mantuvimos el pasado 23 de julio. Hemos creado con ellas un grupo de trabajo que estudie la adopción de mejoras retributivas para los miembros de ambas carreras ya en este ejercicio presupuestario de 2018. Mejorar las condiciones laborales de jueces y fiscales es, al final, una manera de dignificar el elevado servicio público que prestan a la ciudadanía.

¿Cómo serán las relaciones con otros colectivos como abogados, procuradores y registradores, entre otros?

El Ministerio de Justicia va a ser coherente con la apuesta por el diálogo y la búsqueda de caminos comunes que hizo el presidente Sánchez durante el debate de la moción de censura que le dio acceso al cargo. Ya hemos mantenido contactos con todos esos colectivos para superar la falta de diálogo real que se produjo en los últimos años. Es indispensable retomar el diálogo entre el ministerio y los operadores jurídicos, reconstruir los puentes que jamás debieron romperse y buscar puntos de encuentro que nos permitan superar la situación de bloqueo y el sentimiento de desconfianza que se ha generado en perjuicio de la Administración de Justicia y la sociedad a la que sirve.

¿Cree posible en esta legislatura la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa propuesto ya por la Abogacía al anterior equipo ministerial?

Hemos retomado los trabajos de elaboración de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa y los hemos revisado con un nuevo prisma para desarrollar aquellos aspectos comunes a todas las jurisdicciones y plasmar en una norma con rango de ley algunas de las previsiones que se contienen en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia. La ley facilitará el conocimiento por parte de los ciudadanos de los derechos y deberes que tienen cuando acuden a un abogado y los que les asisten durante el procedimiento, regulará las obligaciones del abogado respecto del tribunal y también respecto del cliente y detallará los derechos de los letrados tanto ante el cliente como ante el tribunal.

¿Quién debe practicar la instrucción penal?

En el modelo de Justicia en el que yo creo son los fiscales los que asumen la instrucción de los procesos penales. El actual sistema de juez instructor no está homologado al resto de los países europeos con los que compartimos proyecto de integración, por lo que es un debate que debemos abrir. 

¿Los operadores jurídicos, entre otros colectivos, necesitan reforzar su formación desde la perspectiva del género? ¿Qué reformas habría que impulsar al respecto?

Es imprescindible incorporar la perspectiva de género a nuestra Justicia para acabar con actuales deficiencias que provocan que dé un trato igual a los que son desiguales y se aleje de la equidad a la que debemos aspirar como sociedad avanzada. Una Justicia con perspectiva de género es una que se abre a todo género de perspectivas igualitarias, que busca soluciones justas a situaciones desiguales, lo que no se consigue si seguimos aplicando el ordenamiento jurídico conforme a concepciones formalistas de este.

Cada caso que se ve en un juzgado o tribunal es distinto, debe analizarse de manera individualizada, y los encargados de este análisis deben tener la formación necesaria para poder tener en cuenta el resultado diferente que la aplicación de una determinada norma puede tener sobre hombres y mujeres a la hora de identificar situaciones en las que haya desigualdad. Jueces, fiscales, letrados de la Administración de
Justicia, forenses, abogados, procuradores… Todos los operadores jurídicos deben poder contar con esta formación como instrumento clave para identificar los estereotipos de género que pueden llevarles a caer en la trampa de un análisis inequitativo de las situaciones que están analizando.

Como partidaria de la jurisdicción universal, ¿se plantea impulsarla de nuevo?

Sí. La jurisdicción universal es una herramienta que contribuye a evitar indeseables espacios de impunidad, un instrumento imprescindible en la persecución de crímenes transfronterizos y, sobre todo, se ha mostrado eficaz en la defensa de las víctimas de horrendos crímenes. Lejos de ser un fenómeno excepcional, es un criterio de jurisdicción presente en la mayoría de las legislaciones nacionales. Entre 1985 y 2009, y en menor medida hasta 2014, España se convirtió en estandarte de la defensa de los derechos humanos al abrir sus puertas a víctimas de graves crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, desapariciones forzadas y torturas, entre otros.

La reforma de 2014 dejó no solo a las víctimas en general, sino también a las españolas en particular, más indefensas. Ha limitado la eficacia de España en el combate frente al narcotráfico internacional y el terrorismo, y fuera de la legalidad internacional. Por ello resulta imprescindible recuperar la legislación vigente entre 1985 y 2009, revisada conforme a nuevas necesidades como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental.