El blog de la Mutualidad de la Abogacía

Manuel Moix Blázquez
1 junio 2015

Manuel Moix, hasta ahora Fiscal Superior de la CAM

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Fotos: Antonio Marcos

Mantenemos esta entrevista con el Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix Blázquez, cuando acaba de ser propuesto por la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, para ocupar una de las tres nuevas plazas en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Madrileño de nacimiento, este jurista de reconocido prestigio nos comenta entre otras muchas cuestiones de interés jurídico cuáles son las ventajas que le ofrece la Mutualidad, a la que pertenece desde 1986.

“La Mutualidad te permite contratar coberturas en condiciones ciertamente ventajosas”

Manuel Moix Blázquez ha ocupado el cargo de Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid desde el año 2008. Moix dirigió la detención de Rodrigo Rato y el proceso contra el magistrado Elpidio Silva. Siempre ha sido crítico sobre el actual sistema de administración de Justicia por la carencia de profesionales, jueces y fiscales y medios en una comunidad como la de Madrid.

¿Está a favor de que desaparezca la figura del juez de instrucción y asuman este papel los fiscales, como en la mayoría de los países?

Nuestro actual modelo procesal penal fue instaurado a finales del siglo XIX para dar respuesta a un tipo de delincuencia que no tiene nada que ver con los fenómenos delictivos actuales. A ello hay que añadir que el propio texto constitucional ha perfilado las funciones del juez otorgándole las de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, así como las que les atribuyan las leyes en garantía de cualquier derecho. Tales funciones se compadecen mal con la labor instructora del juez.

En el modelo actual, lo que falla es el modelo en sí, pues nos presenta la incomprensible paradoja de un juez que tiene que investigar contra el sospechoso a la vez que debe garantizar sus derechos, lo que genera un riesgo importante de contaminación en el juez instructor, alejándole de su función natural, que es la de árbitro imparcial de una contienda entre partes.

Además, es difícil de explicar que el juez esté realizando una investigación siguiendo una determinada línea, cuando no va a ser él, sino el fiscal o una acusación, quien finalmente decida si se va a llegar a formular acusación contra una determinada persona; o que se realicen diligencias que el fiscal pueda llegar a considerar inútiles y tenga, en cambio, que solicitar otras que al juez no se le ocurrió practicar.

“En el proceso de instrucción, la solución pasa por otorgar la investigación de los delitos al fiscal”

Y no olvidemos que la aparición de un asunto complejo suele generar un efecto perturbador en la marcha ordinaria del órgano judicial, de tal intensidad que el juez se ve abocado a optar entre continuar despachando las restantes causas del juzgado, con la consiguiente paralización del asunto complejo, o dedicarse preferentemente a este último, con la correlativa secuela de una notoria ralentización en el resto de los procedimientos. Obviamente, la decisión del juez en la mayoría de los casos es la de procurar finalizar el mayor número de causas en el menor tiempo posible, lo que conduce, indefectiblemente, a la demora del curso del proceso complejo y a una instrucción interminable, incompatible con una verdadera justicia, pues la decisión judicial final tiene lugar varios años después de producido el hecho delictivo.

La solución pasa por otorgar la investigación de los delitos al fiscal, órgano que no solo actúa con unidad de criterio, sino que puede investigar con mayor agilidad los asuntos complejos, designando a varios fiscales para un mismo asunto, si ello fuera necesario.

A su vez, el juez tendría reservada la función de garantizar los derechos fundamentales, resolviendo sobre la petición de medidas cautelares limitativas de los mismos, además de sus funciones propias de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, acomodándose mejor al texto constitucional.

¿Cree oportuna la creación de alguna fiscalía específica para luchar contra las nuevas formas de terrorismo yihadista?

Esa labor la está realizando de manera muy eficaz la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la fiscalía que interviene en los asuntos que se instruyen y se juzgan en la Audiencia Nacional, órgano judicial a quien corresponde conocer los asuntos relativos al terrorismo yihadista.

No veo ninguna razón que aconseje crear una nueva fiscalía especial, dado que es precisamente la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que siempre ha intervenido en la lucha contra el terrorismo, contando con magníficos fiscales expertos en esa clase de delincuencia y que es la más capacitada para combatir el terrorismo, sea cual sea su origen.

¿Le parece posible que la Fiscalía funcione con independencia del poder político y económico?

Es absolutamente posible y pese a las apariencias, el Ministerio Fiscal actúa en España con independencia. No en vano el Ministerio Fiscal, además de ser un órgano constitucional que tiene personalidad jurídica propia y está integrado en el Poder Judicial, ha de ejercer sus funciones con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad, tal y como recoge el art. 124 de la Constitución. Difícilmente uno puede sujetarse a la ley y ser imparcial si no actúa de manera independiente del poder político y económico.

Es cierto que el hecho de que el Fiscal General del Estado sea propuesto por el Gobierno para su nombramiento por el Rey genera en los medios de comunicación y, por extensión, en la opinión pública la idea, desgraciadamente inamovible, de que en nuestro país el fiscal es un apéndice del Gobierno y que funciona prácticamente a su dictado. Pero no hay que olvidar que en la propuesta del Fiscal General del Estado intervienen también el Congreso de los Diputados y el Consejo General del Poder Judicial, esto es, los tres poderes del Estado, y que el Fiscal General únicamente puede ser cesado por causas tasadas en la ley y no por la mera voluntad del Gobierno.

Por lo tanto, y aunque legalmente cabría mejorar el estatus de autonomía del Fiscal General del Estado y, por ende, de todo el Ministerio Fiscal, a día de hoy no hay ningún obstáculo para que actúe con independencia del poder político. Otra cosa es como se pueda conducir la persona que ocupa el cargo, lo que es un problema distinto del diseño legal de la institución.

En sus 12 años como Fiscal Jefe de Madrid, ¿ha recibido algún tipo de presiones?

La verdad es que no he recibido ninguna presión, ni del poder político ni de los distintos fiscales generales. Quiero agradecer el magnífico comportamiento en este punto de los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid, tanto de los que han gobernado como de los que han ejercido la oposición, pues todos han actuado con el máximo respeto hacia la institución del Ministerio Fiscal y hacia mi persona como representante de la misma, sin interferencia alguna en la actuación de la Fiscalía.

¿Se podría arbitrar otro sistema de nombramiento del Fiscal General?

La cuestión no es el sistema de nombramiento, sino la persona que ejerce el cargo. Ya he mencionado que en el nombramiento del Fiscal General del Estado intervienen los tres poderes del Estado. Es verdad que podría buscarse otro sistema, por ejemplo, atribuir su nombramiento a las Cortes Generales. Solución que, sin embargo, no aseguraría la desaparición de las dudas acerca de su falta de independencia gubernamental. El Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, algunos de cuyos miembros son nombrados por la Cortes Generales, son las instituciones más descalificadas por los ciudadanos y su enorme descrédito social tiene como punto de partida su sistema de nombramiento que les coloca ante la opinión pública como órganos politizados.

Lo mismo ocurriría si el nombramiento, del Fiscal General del Estado correspondiese, como otro ejemplo, al Consejo General del Poder Judicial, dada la percepción expuesta que tienen los ciudadanos de este órgano.

De ahí que la cuestión se centre en la persona que ejerce en cada momento el cargo, pues será su conducta la que pueda originar, eventualmente, esas sombras de dependencia del ejecutivo, sombras que, en no pocos casos, tendrán como único soporte percepciones subjetivas o doctrinarias. Estamos, nos guste o no, en un país en el que todo el mundo cree saber de leyes, por lo que cualquier decisión de un juez o de un fiscal, e incluso del mismísimo Tribunal Supremo o del Fiscal General del Estado, es alabada o vilipendiada en función, no de criterios jurídicos, lo que resultaría perfectamente razonable, sino de posicionamientos personales e ideológicos.

“Una justicia moderna ha de ser ágil y de ahí que sea acertado el establecimiento de un plazo máximo de instrucción”

En su opinión, ¿tiene ventajas que las competencias en materia de Justicia estén transferidas a las Comunidades Autónomas?

Yo desconozco si presupuestariamente es rentable para las Comunidades Autónomas tener las competencias transferidas. Desde un punto de vista egoísta, como fiscal superior me parece más positivo y eficaz poder dirigirme directamente a las autoridades autonómicas competentes para el suministro de medios personales y materiales, dado que la interlocución directa es mucho más efectiva y permite, además, que esas autoridades puedan ver in situ la situación real de las fiscalías.

Por el contrario, cuando se trata de interesar a medios del Ministerio de Justicia, la vía es indirecta pues los fiscales nos tenemos que dirigir a la Fiscalía General del Estado y esta, si entiende procedente la petición, la trasladará, a su vez, al Ministerio de Justicia, lo que enlentece el proceso de comunicación y coloca la petición como una más, dentro de las múltiples de todas las fiscalías de España, para ser atendida.

No obstante, las competencias transferidas pueden generar el riesgo de falta de coordinación entre las distintas administraciones implicadas. Así, en materia de aplicaciones informáticas nos encontramos con una multiplicidad de aplicaciones de gestión procesal, en lugar de una única válida para todo el territorio nacional. O a la hora de crear órganos judiciales, suele ocurrir que la Comunidad Autónoma reciba en el mes de noviembre o diciembre la comunicación de que tiene que implantar nuevos órganos judiciales para el inicio del año siguiente, es decir, ha de buscar nuevos espacios físicos, nombrar funcionarios y suministrar el mobiliario y resto del material en un plazo muy breve.

Esta circunstancia dificulta enormemente la puesta en marcha de los nuevos órganos judiciales, que, además, y por esa tardanza en la comunicación, no siempre han sido presupuestados.

¿Hablaremos alguna vez de la modernización de la Administración de Justicia como algo real? ¿Qué medios materiales y humanos son necesarios todavía?

El problema de la Justicia es que no da votos y que, por ello, la sustancial mejora en su funcionamiento no suele ser una prioridad para los Gobiernos. Es una cuestión de presupuesto, más jueces y sobre todo más fiscales, pero también de racionalizar los medios existentes, y eso pasa por que los órganos judiciales no funcionen como reinos de taifas, en los que el juez o el secretario judicial, o ambos, señalan vistas y comparecencias sin coordinación ninguna con el Ministerio Fiscal, lo que provoca retrasos, ausencias del fiscal o suspensiones.

Pero una justicia moderna ha de ser ágil y de ahí que sea acertado el establecimiento de un plazo máximo de instrucción, con las excepciones precisas en función de las circunstancias de cada caso, tal y como se prevé en la reforma actualmente en curso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero esa agilidad pasa por evitar lo que ocurre actualmente, esto es, que cada resolución de un juez pueda ser recurrida, lo que genera una multiplicidad de impugnaciones con los consiguientes retrasos en la tramitación de los procedimientos. La reforma procesal debería reducir el número de recursos posibles de manera que únicamente las resoluciones que afectasen a los derechos fundamentales y las resoluciones sobre el fondo del asunto fuesen susceptibles de impugnación.

Y en cuanto a la informatización de la Justicia, ¿qué pasos son necesarios para convertirla también en una realidad?

La informatización de la Justicia no será tal mientras no exista un expediente judicial electrónico. Y para ello es necesario una aplicación de gestión procesal en la que estén integrados todos los operadores que intervienen en un proceso, es decir, los órganos judiciales, las fiscalías, los abogados, los procuradores, los graduados sociales y la policía, de manera que las comunicaciones entre todos ellos se efectúen telemáticamente.

Ahora bien, la informatización solo será completa cuando los ciudadanos y las restantes partes del proceso puedan presentar sus escritos por vía telemática.

En todo caso, estamos hablando de un reto que no debería ser difícil de conseguir en un plazo relativamente corto.

“La Mutualidad te permite ir capitalizando cantidades que te aseguren una jubilación lo más adecuada posible, económicamente hablando”

¿Cuál es su opinión sobre la propuesta del Gobierno de publicar la lista de evasores fiscales?

Los juicios orales son públicos y lo mismo ocurre con las sentencias que se dicten en tales procesos. La publicación de las personas condenadas mediante sentencia firme por evasión fiscal, siempre que la persona en cuestión no haya reembolsado la cantidad que debe a Hacienda, no debería causar tanta polémica.

Para empezar, no se publicaría una lista, sino cada sentencia en el BOE, y esta publicidad se hará mediante la difusión de un extracto del fallo judicial que contenga los datos que permitan la identificación del condenado y del responsable civil, el delito del que se le considere culpable, la pena y la cifra de la responsabilidad civil impuesta.

Y, en todo caso, frente a quienes sostienen la posible vulneración del derecho al honor o a la intimidad, hay que argüir que ningún derecho fundamental es absoluto e ilimitado y que aquí prevalecería el interés público traducido en la necesidad de impulsar la lucha contra el fraude fiscal e incrementar la transparencia, así como el derecho del conjunto de la sociedad a exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que no es más que el reverso del deber constitucional de todos los ciudadanos de contribuir al gasto público.

¿Cree que la Ley de Violencia de Género está dando los frutos esperados? ¿Están protegidos los menores víctimas de este tipo de delitos?

La Ley de Violencia de Género del año 2004 es una buena ley. Establece un importante elenco de medidas dirigidas a combatir este tipo de delincuencia y a proteger a las víctimas. Ahora bien, si alguien pensó que a partir de su entrada en vigor tenía que haber desaparecido la violencia de género, incurrió en un error. Ninguna ley es una panacea. Y mucho menos las penales, cuyo efecto es el de prevención general. Tenemos el Código Penal y no por ello ha desaparecido la delincuencia.

En cualquier caso, no podemos olvidar que la lucha contra la violencia de género requiere, al tener un origen cultural, de otras herramientas diferentes de las penales sustentadas en una educación basada en la igualdad de género.

No obstante, hubiera sido deseable que la ley no se hubiera circunscrito a la violencia de género en el ámbito de las relaciones entre varón y mujer, sino que hubiese contemplado toda infracción penal cometida contra la mujer por su condición de tal, como los delitos contra la libertad sexual, los de acoso en el trabajo o la trata de mujeres. Hoy en día, las víctimas de estos delitos no se pueden beneficiar de las medidas de protección, económicas, asistenciales o sociales previstas en la Ley Orgánica 1/2004.

¿Cómo cree que deben actuar los diferentes operadores jurídicos ante los medios de comunicación en un proceso altamente mediático?

Los medios de comunicación tienen el derecho constitucional de difundir libremente información veraz. Y han de hacerlo de manera neutra, rigurosa y suficientemente contrastada.

Sin embargo, han de procurar que en el ejercicio de ese derecho no vulneren los derechos de las partes en el proceso y, en particular, el derecho a la presunción de inocencia, derecho que, a veces, se ve afectado, no tanto por la difusión de información veraz, sino por la transmisión de opiniones de los propios medios o de terceros acerca de la culpabilidad de los implicados en el proceso.

Cuestión distinta es la de la filtración de actuaciones judiciales, tan común en los procesos mediáticos. Aquí no hay que olvidar que el filtrador y quien incurre en una eventual responsabilidad no es el medio de comunicación, sino un tercero, normalmente una de las partes del proceso. El medio carecería de responsabilidad, salvo que publicase datos del proceso que frustrasen la investigación o la instrucción en curso.

Coincidiendo con que usted pertenece a la Mutualidad de la Abogacía, ¿nos podría dar algunas razones de por qué se hizo mutualista?

La Mutualidad de la Abogacía te permite contratar determinadas coberturas, como las de jubilación, fallecimiento o incapacidad, en condiciones ciertamente ventajosas. Y, además, tienes acceso a una amplia gama de seguros, servicios bancarios y otros con ventajas notables. Todo ello, sin olvidar que los beneficios de la Mutualidad revierten en los que estamos asociados.

¿Cree que es habitual que los profesionales jurídicos se preocupen por su jubilación?

Yo creo que todos los ciudadanos nos preocupamos por nuestra jubilación y los profesionales jurídicos no son una excepción. Tarde o temprano es una etapa que tendremos que iniciar y a todos nos interesa que sea en las mejores condiciones económicas.

La Mutualidad de la Abogacía te permite contratar varios tipos de planes, en función de los intereses de cada uno, y, desde luego, una posibilidad es la de ir capitalizando cantidades que te aseguren una jubilación lo más adecuada posible, económicamente hablando.