El blog de la Mutualidad de la Abogacía

Victoria Ortega Benito
1 febrero 2015

Victoria Ortega Benito, presidenta del CGAE

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Fotos: Antonio Marcos

Para la nueva presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, el papel de la institución a la que representará los próximos cinco años debe pasar por “la promoción de la imagen del colectivo, a fin de mejorar la valoración y percepción positiva por parte de la sociedad”.

“Si la Mutualidad no existiera, habría que inventarla”

La primera mujer que preside el Consejo General de la Abogacía Española nació en Palencia en 1958. Victoria Ortega es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid. Abogada en ejercicio desde 1981, ha sido decana del Colegio de Abogados de Cantabria entre 2000 y 2008, vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española entre 2002 y 2008 y secretaria general de este organismo desde febrero de 2011 hasta diciembre de 2015.

Es usted la primera mujer que va a presidir la Abogacía española. ¿Cree que este cambio ayudará a mejorar la igualdad y la no discriminación profesional?

No puedo negar que es una gran satisfacción ser la primera mujer que llega a la presidencia de la Abogacía, no solo por mí, sino por lo que representa. Las mujeres empiezan a ser mayoría entre los abogados más jóvenes y pronto el hecho de que una mujer llegue a dirigir una organización no será noticia. El día en que esta realidad se visualice con naturalidad, como algo normal, cuando eso no sea noticia, seguramente estaremos muy cerca de haber conseguido esa igualdad que las mujeres nos hemos ganado con nuestro esfuerzo hace mucho tiempo y que la sociedad necesita. Hasta entonces, tenemos que seguir trabajando duro. Por supuesto, desde la presidencia del Consejo General de la Abogacía impulsaré cuantas políticas de igualdad sean posibles y necesarias.

Desde esta posición de liderazgo, ¿considera que son necesarias actuaciones especiales para conseguir ese objetivo?

A las mujeres no nos regalan nada, tenemos que conquistar cada derecho con gran esfuerzo personal y demostrar continuamente que lo merecemos. Estamos lejos de la igualdad real. A estas alturas, seguimos hablando de “techos de cristal”, y conviene hacer una reflexión sobre si determinadas políticas conducen necesariamente a la igualdad o, por el contrario, “penalizan” a las mujeres con una carga añadida. Debemos analizar si las políticas de conciliación, por ejemplo, lo que consiguen es que la mujer trabaje fuera de casa y además asuma el cuidado de sus hijos. De esta forma, sus posibilidades de progresar en la carrera profesional son menores que las de los varones, que pueden dedicar todo el tiempo a su profesión.

Hacen falta actuaciones para favorecer a las mujeres porque parten de una situación de desventaja.

Pronto el hecho de que una mujer llegue a dirigir una organización no será noticia

¿Piensa que el Consejo General de la Abogacía Española tiene el peso y la representación institucionales suficientes? ¿Trabajará por fortalecer el papel de la Abogacía como en las iniciativas legislativas?

Desde la Abogacía, haciendo un ejercicio de unidad, hemos logrado hacer frente y neutralizar un gran número de disposiciones normativas que amenazaban a nuestra profesión o cuestionaban la existencia de nuestras instituciones. Para ello, basta con recordar que con nuestra oposición se han modificado sustancialmente o no se han llegado a publicar normas como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, la Ley de Planta y Demarcación Territorial o la Ley de Tasas Judiciales. Junto a nosotros han estado en muchas iniciativas asociaciones de jueces y de fiscales, sindicatos y colectivos de usuarios y consumidores. Creo que a la Abogacía se le reconoce una capacidad de iniciativa y una legitimidad indiscutibles.

La legislatura que acaba de arrancar retomará alguno de estos proyectos normativos. Para fortalecer el papel de la Abogacía, para defender los intereses y dignidad de la profesión, tengo previsto crear una Oficina de Representación que —con el personal técnico y asesor preciso— siga con carácter inmediato la acción del Gobierno que pudiera afectar a la profesión y a los derechos de los ciudadanos. Los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, deben sentir la necesidad de escuchar a la Abogacía, y que nuestra opinión sea tenida en cuenta en el debate, la elaboración y la aplicación de las leyes.

Como presidenta de la Abogacía Española, ¿qué actuaciones va a plantear para contribuir a un mejor desarrollo de la profesión?

Es fundamental dar a conocer la labor que hacen los abogados y la Abogacía institucional para alcanzar una mayor relevancia social e institucional, pero también para defender y ampliar la independencia y la dignidad de nuestra profesión, así como las competencias profesionales, que debemos avalar con un servicio de calidad. Ser abogado debe ser sinónimo de garantía, de reconocimiento social, de prestigio y de excelencia. Reclamaré siempre que los abogados estén en plano de igualdad y sean respetados por el resto de los actores de la Justicia. Y por eso también voy a pedir a todos los compañeros una mayor autoexigencia ética porque en nuestra profesión no deben caber los que violentan la ley, sino solo los que la cumplen con respeto y nobleza. La relevancia se gana con el trabajo profesional, con la mejor formación inicial y continuada, con un servicio de calidad y con la búsqueda permanente de la excelencia.

¿Cuál es el dibujo que trazaría usted de la figura del abogado español en este momento?

La Abogacía es una profesión que se adapta permanentemente a los cambios sociales y a la competencia. Por convencimiento y por necesidad. No creo que haya otra profesión en España en la que 150.000 profesionales compitan de forma permanente, libre y abierta en un mercado limitado como es el jurídico. Estamos en un momento de cambio, como en todo. El abogado está caminando paso a paso hacia la modernización tecnológica, el aprovechamiento de los nuevos medios, la especialización y la internacionalización, siguiendo a sus clientes. Pero también se abren espacios muy interesantes como la abogacía preventiva, la mediación, el arbitraje, el derecho de las comunicaciones, los nuevos retos que suponen los avances genéticos, etc.

En todo caso, los abogados ocupamos un lugar claramente destacado en la clasificación de confianza institucional. En los diferentes Barómetros elaborados entre 2011 y 2015, los abogados seguimos ocupando los primeros lugares entre las instituciones que la ciudadanía asocia más directamente con la defensa del bien común y la primera entre las profesiones e instituciones jurídicas. Es una satisfacción comprobar que la positiva consideración social de los abogados no es coyuntural, sino estable y consolidada.

Pero también es gratificante comprobar que entre los ciudadanos que alguna vez han acudido al despacho de un abogado, su grado de satisfacción con los servicios profesionales recibidos se encuentra en un nivel muy elevado, destacando de modo especial la atención y el trato recibidos (7,9 de nota media).

El Consejo General de la Abogacía y la Mutualidad deben aportar esfuerzos y contribuir para ofrecer a los abogados la mejor cobertura posible de todas sus necesidades
de previsión, ahorro y seguro

¿Cómo va a potenciar su relación con los Colegios y Consejos Autonómicos?

Considero primordial promover y garantizar la armonía y las buenas relaciones entre los Colegios y los Consejos Autonómicos, así como desarrollar las funciones del Consejo General de la Abogacía para asegurar la igualdad de oportunidades de los Colegios de Abogados. Para ello es fundamental actuar con criterios de lealtad y solidaridad bidireccional. Impulsaré la disposición de los recursos del Consejo General de la Abogacía a todos los Consejos Autonómicos y Colegios, facilitándoles e incluso posibilitándoles el cumplimiento de las obligaciones que impongan los cambios normativos o el mejor servicio a los colegiados.

Y me parece fundamental conservar la unidad de actuación de la Abogacía y preservar nuestra independencia, que tan buenos resultados nos ha dado para hacer oír nuestra voz en la defensa de los intereses generales y en la oposición a proyectos legislativos que amenazaban la profesión y que finalmente no se han publicado.

¿Es necesario un mayor acercamiento de las corporaciones a los abogados? En su opinión, ¿se identifica el abogado con las instituciones que le dan servicio?

Siempre. Aunque es constatable que los abogados tienen una elevada consideración respecto a las instituciones que les representan, todavía tenemos trabajo por delante para mejorar la identificación de los abogados con los Colegios, los Consejos Autonómicos y el Consejo General. El grado de satisfacción global con el funcionamiento de la organización colegial, aunque es alto, debe seguir creciendo.

De las diferentes encuestas realizadas entre los abogados, existe la idea general de que los Colegios profesionales siguen representando una institución útil e importante para el mejor funcionamiento de la Abogacía y los colegiados descartan que sea un residuo histórico obsoleto. También es destacable que los abogados más jóvenes son los que mejor valoran los servicios que ofrece la Abogacía institucional y destacan los principales: formación, difusión de informaciones de interés, modernización, defensa de la profesión, control deontológico…

Y al Ejecutivo, ¿qué le pedirá? ¿Está a favor de un Pacto de Estado por la Justicia? ¿Con qué contenido básico?

Diálogo, consenso, acuerdos… Debe contar con la voz y opinión de la Abogacía a la hora de promover leyes, porque los abogados somos quienes más cerca estamos de los ciudadanos y mejor conocemos las debilidades y fortalezas de la Administración de Justicia. También es imprescindible que —liderado por la Abogacía— se apruebe un Pacto de Estado por la Justicia para que se pueda configurar un modelo de Administración de Justicia digno de un Estado de Derecho social y democrático que esté verdaderamente al servicio del ciudadano. Un pacto para sacar a la Justicia del siglo XIX y llevarla de una vez al siglo XXI. Un pacto para que la Justicia merezca ese nombre. Un pacto para que se gane el reconocimiento de los ciudadanos y para que deje de ser un mero instrumento de la batalla política. Un pacto por la igualdad de armas de todos los actores del proceso. Y un pacto por la libertad y la independencia real de los jueces. Un pacto, en fin, por la seguridad jurídica y por los ciudadanos.

La Mutualidad de la Abogacía se creó en su día por iniciativa de todos los Colegios para dotar a los abogados de la previsión social necesaria ante las contingencias profesionales. ¿Cumple la Mutualidad con esa función para la que fue creada?

A los españoles, y yo creo que a los abogados en mayor medida aún, nos falta mentalidad de previsión. Y cuando llega la hora de la jubilación, nos encontramos con problemas muy serios. Gracias a los servicios de asistencia como entidad aseguradora y la rentabilidad económica de sus sistemas de previsión social, la Mutualidad de la Abogacía ha conseguido cumplir con su función de previsión ante las contingencias profesionales, que se han notado sobre todo en un periodo de crisis económica y social que ha afectado con dureza a los abogados y de la que empezamos a salir ahora. Si no existiera, habría que inventarla.

Los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, deben sentir la necesidad de escuchar a la Abogacía

Desde su conocimiento y cercanía con esta institución como vocal de su Junta de Gobierno, ¿qué les diría a los abogados que optan por la Mutualidad como sistema alternativo al RETA para que lleguen a tener una jubilación digna?

Que se apunten a la Mutualidad desde que empiezan a ejercer. Que hagan aportaciones continuas, aunque sean pequeñas. Que tengan visión de futuro. Muchos pocos suman mucho al final de la carrera. Desde el Consejo General de la Abogacía Española tenemos la responsabilidad social de promover entre todos nuestros compañeros —sobre todo aquellos que actúan por cuenta propia— una especial preocupación por garantizar su previsión social, lamentablemente olvidada por bastantes colegiados, que les permita disfrutar de una protección digna y suficiente al finalizar su vida profesional activa.

¿Cómo serán a partir de ahora las relaciones entre el Consejo y la Mutualidad? ¿Cree que se podrán reforzar y abrir nuevas vías de colaboración entre ambas instituciones?

Son buenas y serán mejores. En la Abogacía española se abre una etapa realmente ilusionante y apasionante, en la que entre todos tendremos que afrontar nuevos retos y plantear nuevos proyectos. La clave del éxito de instituciones como el Consejo General de la Abogacía y la Mutualidad de la Abogacía consiste en su permanente capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, a los cambios del entorno y a las nuevas realidades en la previsión social de los abogados.

Estoy convencida de que todos somos necesarios ante esta nueva etapa que iniciamos. El Consejo General de la Abogacía y la Mutualidad deben aportar esfuerzos y contribuir para ofrecer a los abogados y a las personas de su entorno familiar la mejor cobertura posible de todas sus necesidades de previsión, ahorro y seguro.

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