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Crecimiento
1 febrero 2016

Ahorrar para las crisis

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Por Rosa Paz
Periodista y subdirectora del periódico semanal Ahora

Recuperar la credibilidad requerirá una estabilidad en los mercados financieros que aún no se acaba de lograr

Esta crisis económica, que empezó con la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008 y que se prolonga ya por ocho años, ha puesto en cuestión algunas de las convicciones más extendidas entre la mayoría de los ciudadanos sobre aspectos de su vida cotidiana que hasta entonces parecían intocables: la idea de que el crecimiento económico era infinito y el convencimiento de que las prestaciones sociales del Estado del bienestar eran irreversibles.

Esas son algunas de las creencias más arraigadas que han sucumbido en este largo frenazo de la prosperidad y que, de rebote, han provocado la pérdida de la confianza ciudadana en la estabilidad financiera privada y, por tanto, por un lado la sensación de inseguridad sobre el ahorro y, por otro, el temor a que las pensiones públicas dejaran de estar garantizadas. A esas sensaciones aquí se unió además el doloroso descubrimiento de que el sector inmobiliario, en el que habían invertido sus ahorros tantos españoles, no solo no iba a seguir revalorizándose eternamente, como parecía, sino que, por el contrario, sus precios se desplomaron estrepitosamente. Todas estas impresiones se basan en razones objetivas. Los mercados financieros se hundieron, los estados tuvieron que salir al rescate de sus entidades financieras —lo hicieron Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica, España…—, se vaciaron las arcas públicas, se desplomó el empleo —y por ello también los ingresos vía impuestos y cotizaciones— y llegaron las políticas de recorte, que también afectaron a las pensiones públicas.

Están siendo años difíciles, dominados por la inseguridad y la desconfianza en instituciones que anteriormente daban seguridad y parecían garantizar el futuro de los ciudadanos. No se dudaba del banco y tampoco del compromiso de los estados con el cumplimiento de contratos sociales establecidos, como el de asegurar unos ingresos dignos a las personas en el fin de su vida laboral. Recuperar la credibilidad requerirá una estabilidad en los mercados financieros, que aún no se acaba de lograr, y también una apuesta seria de los gobiernos por el mantenimiento del sistema de pensiones públicas.

Pero la experiencia de estos años ha enseñado algunas cosas más. Ha mostrado, por ejemplo, que quienes han aguantado mejor los efectos de la crisis son aquellas personas que tuvieron la capacidad y la previsión de generar ahorros —y supieron o tuvieron la suerte de colocarlos en depósitos seguros—, porque esos ahorros les han servido de colchón de seguridad para sobrellevar una pérdida de trabajo o una reducción de los ingresos que, al confiar en el progreso continuo, no habían siquiera imaginado.

También se ha visto que las pensiones públicas —cuya viabilidad los gobernantes tienen la obligación de garantizar— podrían no cubrir todas las necesidades de una vejez cada vez más larga y que puede resultar muy gravosa económicamente si no se recuperan las políticas de ayuda para las personas dependientes. La tendencia actual, argumentada en la falta de recursos públicos, apunta a una congelación perenne de las pensiones. E incluso en el caso de que se recupere masivamente el empleo de calidad y los ingresos del Estado porque los impuestos y las cotizaciones sociales vuelvan a ser elevados, es muy probable que la pirámide demográfica —una población cada vez más envejecida— siga sirviendo de coartada para frenar la revalorización. Pero incluso en el caso de que las pensiones volvieran a subir, parece más justo y lógico que se revaloricen las más bajas y se contenga el incremento de las altas.

La realidad, además, es que quienes cotizan lo suficiente como para cobrar la pensión máxima son generalmente personas que tienen unos ingresos superiores a los que les quedarán de renta pública de jubilación. Ese sector de los ciudadanos es una parte —aunque no los únicos— de los que tendrán que plantearse si están dispuestos a vivir con menos dinero o si tienen la posibilidad y la voluntad de complementar su subsidio con los ahorros que puedan generar a lo largo de su vida laboral.

Otra de las incógnitas que deja la crisis es saber si con la recuperación económica se va a mantener la costumbre tan extendida entre los españoles de invertir los ahorros en la compra de una vivienda en propiedad o si tras la experiencia traumática del pinchazo de la burbuja inmobiliaria se van a cambiar los hábitos y se van a buscar otras formas de inversión. En Alemania, por ejemplo, que tiene una de las tasas más elevadas de ahorro financiero de la OCDE —un 10,3 % en 2012 frente al 7 % de media de la Eurozona—, solo el 53,2 % de las familias tiene su vivienda en propiedad. En España ese porcentaje alcanza el 83 % pese al frenazo de los últimos ocho años. El perfil del ahorrador alemán, con todo, es como el español: el 40,4 % tiene su dinero en depósitos y cuentas de efectivo.

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