El blog de la Mutualidad de la Abogacía

Manuel Lagares
1 febrero 2015

Manuel Lagares, economista y catedrático

Fotos: Antonio Marcos
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Manuel Lagares Calvo es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, inspector de Hacienda y catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene gran experiencia en estas lides, ya que fue el director del equipo —como subsecretario de Economía del Gobierno de Adolfo Suárez, el primero de la democracia— que diseñó el programa en el que luego se basaron los Pactos de la Moncloa.

 

“El Gobierno se ha limitado a reformar los impuestos”

 

Nuestro entrevistado es nada menos que el presidente de la Comisión de Sabios que elaboró el informe sobre el que se ha basado la Reforma Fiscal recientemente aprobada por el Gobierno.

Coordinó el grupo que elaboró el Libro Verde de la Reforma Tributaria española de 1977-1978 y fue consejero para Asuntos Económicos de Suárez y Calvo Sotelo. Entre 1978 y 1987 presidió el grupo para la evaluación del fraude fiscal y las comisiones para la reforma del IRPF en 1998 y 2002, con Aznar en el Gobierno. También formó parte del comité que estudió la sostenibilidad de las pensiones para el actual Ejecutivo.

El profesor Lagares, de una u otra forma, ha estado siempre presente en la mayor parte de las grandes reformas tributarias en España.

¿Hasta qué punto la Reforma Fiscal del Gobierno recoge las propuestas del informe de expertos que usted presidió y del que formó parte? ¿En qué medida se ha tenido en cuenta?

El Gobierno se ha limitado por ahora a reformar los impuestos que no son competencia o no afectan a la financiación de las Comunidades Autónomas y Haciendas Locales, que quedan para una reforma posterior. En consecuencia, se ha limitado a reformar el IRPF y el Impuesto de Sociedades, además del IVA en algunos aspectos muy reducidos. Respecto al IRPF y al Impuesto de Sociedades, la reforma del Gobierno coincide sustancialmente con la que propuso la Comisión que he tenido el honor de presidir, aunque la reducción de tipos de gravamen se efectuará a lo largo de 2015 y 2016 en lugar de concentrarse en 2015 como propusimos.

Muchos expertos coinciden en criticar la decisión del Gobierno de reducir los límites de las aportaciones a los sistemas de previsión social. ¿No cree que por una simple finalidad de unificar tales límites se ha podido crear un sistema rígido que perjudica el ahorro?

No, en absoluto. La aportación media a planes de pensiones para el ejercicio 2011 —que es el que analizó la Comisión para la reforma, pues se constituyó en julio de 2013— fue de unos 1.375 €. La aportación media de los contribuyentes de rentas más elevadas fue de 4.329,6 € en ese ejercicio. Esas cifras demuestran que los límites fiscalmente exentos hasta la reforma (10.000 o 12.500 €) eran excesivos y que solo se utilizaban en toda su integridad en muy escasas ocasiones y por contribuyentes de rentas muy elevadas. La Comisión Europea y el FMI nos habían advertido de estas circunstancias, del hecho de que esos límites superaban notablemente los vigentes en Europa y en Estados Unidos y de que, en sus niveles superiores y aunque poco utilizados, venían a constituir solo un posible refugio para fortunas y rentas muy elevadas, sin afectar de forma apreciable a los contribuyentes en niveles bajos, medios e, incluso, altos de renta. Ante tales hechos, comprobados con los datos anteriores y otros similares, la Comisión propuso una cierta reducción de tales límites, propuesta que ha seguido el Gobierno en su reforma. Los nuevos límites me parecen suficientemente holgados para las aportaciones efectivas que hoy se hacen y lo que es deseable es que una adecuada campaña de los gestores de los fondos y planes de pensiones permita realmente cubrirlos con una masa importante de contribuyentes. Con los nuevos límites existe espacio más que suficiente para esa tarea.

Los sistemas de capitalización para las pensiones públicas ya se están aplicando con éxito en varios países de nuestro entorno

 

¿Cree que la bajada de los tipos de gravamen y retención en las rentas del ahorro tendrá un impacto positivo en el ahorro en 2015 y 2016?

Sin lugar a dudas. Con esa idea propusimos la reducción de sus tipos de gravamen.

En el marco actual de crisis de los sistemas públicos de pensiones, se echa en falta, dentro de la reforma, una atención especial a las mutualidades de previsión social con medidas concretas para fomentar más estas vías de ahorro y previsión futura. ¿Considera que se podía haber tenido en cuenta?

La Comisión no ha querido establecer distinciones a favor de ningún tipo de gestión específica para la previsión social porque creemos que eso resulta perjudicial y discriminatorio en mercados bien organizados. Por el contrario, ha propuesto que los planes y fondos de pensiones —una parte importante de la previsión social— puedan ser gestionados por otras entidades no especializadas siguiendo las órdenes directas de inversión de los partícipes, como se hace ya en muchos países.

Con la última reforma aprobada, ¿cree que será necesario acometer otras en los próximos años?

Sin duda, pero no en los impuestos ya reformados por el Gobierno (IRPF e Impuesto de Sociedades). Queda pendiente la reforma de todos los demás, incluidas las cotizaciones sociales. Espero que esas reformas se pongan en marcha en 2016, una vez superados los procesos electorales de este año.

¿Qué consideración le merecen las previsiones de crecimiento del 2% anunciadas por el Gobierno para el presente año?

A estas alturas del año me parecen adecuadas. Es más, personalmente creo que si no se plantean otros problemas interiores o exteriores, superaremos el 2% y quizá podríamos aproximarnos al 2,5% en cuanto a crecimiento real del PIB. Creo, por tanto, que en 2015 podríamos crecer algo más del 2%, pero todavía quedan muchas incógnitas abiertas dentro y fuera de España que podrían cambiar ese pronóstico.

¿Una aplicación más amplia del informe que usted presidió garantizaría mejor la estabilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo?

Sí, desde luego. Nuestras propuestas de reforma de las cotizaciones sociales y de la aplicación de un aumento del IVA a la financiación del sistema público de pensiones darían mayores garantías y estabilidad a la financiación de ese sistema. Tal proceso de cambio de cotizaciones sociales por IVA se suele denominar “devaluación fiscal”.

¿Cree que será necesario en el futuro cambiar el sistema de reparto por el de capitalización?

Los sistemas de capitalización para las pensiones públicas ya se están aplicando con éxito en varios países de nuestro entorno. Me parece que, quizás cuando avancemos algo más en la superación de la crisis, deberíamos ensayar esos sistemas en España.

¿Con el actual sistema de reparto considera que será necesario que el Gobierno añada ingresos a la Seguridad Social por cualquier vía?

Creo que sí. Como ya le he indicado, en nuestra propuesta de reforma tributaria se incluye la llamada “devaluación fiscal”, que consiste en reducir las cotizaciones sociales para mejorar el empleo aumentando simultáneamente el IVA para financiar el sistema público de pensiones, con efectos adicionales muy positivos sobre las exportaciones y algo negativos sobre las importaciones, lo que sería muy beneficioso para España. Aunque pedir que se aumente el IVA no es muy popular, se trata de una recomendación no solo de la Comisión de reforma que he presidido, sino también del FMI, de la OCDE y de la Comisión Europea. Así se aceleraría notablemente la reducción del desempleo. La sociedad española debería decidir si está dispuesta a soportar algo más de IVA a cambio de una importante aceleración en el lento proceso de reducción del paro.

Hay que discriminar las tasas cuando se ventilan intereses estrictamente económicos

 

¿En el escenario económico actual considera que podrán bajar las pensiones futuras?

Si no se efectúan otras reformas, eso no puede descartarse debido al fuerte aumento de la población pensionista en las próximas décadas. Se trata de un problema al que se enfrenta no solo España, sino todos los países más avanzados y al que se le debería prestar la máxima atención porque el tiempo pasa muy rápido y las soluciones que se adopten tardarán en surtir efectos. Muchos países han introducido ya reformas radicales en sus sistemas públicos de pensiones para prevenir este problema.

¿Con el problema demográfico español habrá que promover los planes de pensiones privados para completar las pensiones públicas?

Los planes de pensiones privados son totalmente necesarios y su regulación fiscal en España es generosa y comparable a las mejores de Europa, como ya he dicho anteriormente. Otra cosa es que en nuestro país, pese a sus grandes ventajas fiscales, sean un instrumento poco utilizado por el conjunto de la población. Quizá se deba a que se desconocen o a que se desconfía de ellos, dado sus elevados costes de gestión y, en ocasiones, los limitados resultados que ofrecen. Algo quizá deberían hacer sus gestores para reducir al máximo esos costes, mejorar los resultados y extender más el conocimiento de estos productos y de sus ventajas entre el público. Hacienda ya les concede hoy un tratamiento claramente privilegiado.

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