En aquel momento, siete abogados iniciaron la elaboración de aquel exito fundamental, apoyados e impulsados por un amplio consenso político y social, pero a la vez con un claro deseo de construir un Estado de Derecho que diera respuesta a las ansias de libertad y democracia que nuestra sociedad reclamaba. Siete juristas, de posiciones ideológicas distintas, de orígenes geográficos igualmente diversos, pero con un profundo sentido de lo que se esperaba de su condición de juristas para aportar a la Constitución el rigor de su especial formación. Una vez más, el Derecho acudía a solventar los conflictos de la sociedad y para ello se apelaba a la condición de juristas de aquellos a los que el Parlamento designaba para la redacción de un proyecto que sirviera de base al debate general de todas las fuerzas políticas parlamentarias.
Por esto, este 40 Aniversario tiene un especial sentido para todos los abogados españoles. Nuestra función es la de poner el Derecho al servicio de los intereses de los ciudadanos, pero también la vertebración del interés general mediante mecanismos jurídicos que garanticen la convivencia social. Se hizo en 1978 y el resultado constituye un claro reconocimiento de lo que los abogados
y juristas pueden y deben aportar al buen gobierno de la sociedad. Y esta función no termina nunca: la Democracia no se construye solo en un día ni con un solo texto, por más que este sea tan fundamental como una Constitución. La Democracia se construye día a día, y en esta tarea el Derecho presta una función fundamental, interpretada y aplicada por abogados y juristas que dotan
a las decisiones de los particulares del apoyo jurídico necesario para su eficacia. Los abogados y juristas, profesores, académicos, Magistrados, Jueces y Fiscales, Notarios y Procuradores, colaboradores en general de la Justicia, cumplimos una función vertebradora que es la mejor garantía para la convivencia entre todos en un régimen de libertad.
El cumplimiento de la Norma, su aplicación y el respeto de lo que ello comporta, son una pieza principal para la estabilidad social e institucional. Esto no es una tarea fácil, porque los diversos intereses no siempre se integran fácilmente en un proyecto colectivo. De ahí la necesidad de la transacción del acuerdo del pacto, conceptos todos ellos que se integran en la función de la Abogacía como implementación necesaria del Derecho al servicio de los intereses que le son confiados. Este fue el espíritu de la Constitución: buscar acuerdos para construir desde los intereses de cada uno un proyecto colectivo que fuera capaz de integrar la voluntad ampliamente mayoritaria de los ciudadanos del país. Y en aquel momento se consiguió; un 90 % de los ciudadanos dieron, en referéndum, un sí masivo a la Constitución del 78. Por lo tanto, a este apoyo se corresponde la necesidad de respetar y aplicar la Constitución como fundamento de nuestro Estado de Derecho. Y de ello los abogados del país deben estar plenamente satisfechos, porque su contribución a este proceso constituyente fue decisiva y lo seguirá siendo en el futuro, en la medida en que el Estado de Derecho sitúa a los abogados en la primera línea para su defensa al servicio de todos.