Uno de los mayores hitos fue la transformación que hizo la Mutualidad en el año 2005 en el que se pasó del sistema de reparto al de capitalización individual. Sin duda, sin esa transformación no hubiera sido posible el crecimiento tan vertiginoso que hemos tenido en estos 15 últimos años ya que pasamos de un ahorro gestionado de 1.800 millones a 8.500 millones y de 99.000 mutualistas a 207.000 mutualistas.
Otro hito importante del que me considero muy orgulloso de haber participado es haber formado parte de una comisión bilateral creada entre el CGAE y la Mutualidad, de la que también formaba parte la actual Presidenta del Consejo, comisión que se creó para conseguir para la abogacía su inclusión en el sistema público universal de salud con gratuidad. Fue a partir de la separación del Ministerio de Sanidad del de Seguridad Social cuando recorrimos la mayoría de Consejerías de Sanidad de las autonomías defendiendo que, nutriéndose la sanidad pública de los presupuestos generales del Estado, a los cuales contribuíamos toda la Abogacía, se reconociera el derecho a los abogados a la sanidad pública gratuita. El argumento al que nos tuvimos que enfrentar frente a la Administración fue: sistema universal sí, pero no gratuito. El logro obtenido fue dejar de ser un colectivo excluido de la cobertura pública sanitaria. Especial repercusión tuvo en nuestros mayores, quienes tenían un alto gasto en medicación o en delicadas intervenciones que, a partir de entonces, quedaban cubiertas gratuitamente por el sistema público.
Durante el período de tiempo en el que desempeñé la vicepresidencia de la Comisión de Formación de la Federación de Colegios de Abogados de Europa, veía con preocupación cómo otros países, como Grecia, Portugal, incluso algunos del área francófona del norte de África, tenían regulado el acceso a la profesión. Por el contrario, en nuestro país, congreso a congreso de la Abogacía, el Ministro de Justicia del gobierno de turno iba prometiendo que antes de que finalizara su mandato se aprobaría la Ley de Acceso a la Abogacía. Quisiera explicar algo que parecería anecdótico, pero que supuso un pequeño paso adelante en la formación de los jóvenes abogados. Transcurrían los años y tal aprobación no llegaba. Fue por ello que viajé a l’Ecole de Formation Profesionel de París, país más próximo al nuestro, y desde la Escuela de Práctica Jurídica del ICAB establecimos una prueba voluntaria, oral y escrita, con similitud a la francesa, para el acceso a la profesión. Otorgamos el primer certificado de aptitud profesional que sin reconocimiento oficial alguno significaba un valor añadido en el currículum de aquellos jóvenes que optaban a ejercer la Abogacía y precisaban incorporarse al mundo del ejercicio profesional. Hoy, felizmente podemos decir que ya estamos equiparados a nivel de regulación de acceso a la profesión con el resto de países de la UE.
Ya hace años la Mutualidad constituyó la llamada Cátedra a través de la cual se otorgaba el Premio a la Excelencia a los mejores trabajos inéditos una vez finalizados los estudios de Derecho. Asimismo, se aprobó otorgar 150 becas de estudios de postgrado a aquéllos alumnos pertenecientes a Escuelas de Práctica Jurídica para que ninguno de los mismos tuviera que apearse de su vocación por el ejercicio de la Abogacía por motivos económicos. Se entendió que desde la Fundación había que llevar a cabo, sin duda alguna, una función social en aras al principio de igualdad de oportunidades y así se viene haciendo año tras año.
Sin duda alguna, su aprobación debe suponer un motivo de alegría para todos los Abogados, porque viene a establecer una regulación que la profesión venía reclamando desde hacía muchos años. Ello es así porque, entre otras cosas, recoge el derecho al secreto profesional, tan necesario para poder ejercer con garantías el derecho de defensa de los ciudadanos, nos protege en el ejercicio de la profesión, al permitir la denuncia de determinadas conductas que puedan afectar a nuestra independencia, fomenta la formación continua y moderniza la función de los Colegios. Asimismo, nos atribuye de forma exclusiva la asistencia letrada, máximo exponente de garantía de los derechos de una persona.
Sinceramente, es un orgullo formar parte de la Junta de Gobierno de la Mutualidad y tener la confianza de su presidente Enrique Sanz Fernández Lomana quien, con su gran capacidad de trabajo y entrega a la institución, lidera una mutualidad sólida y rentable, referente como la número uno en el mutualismo profesional nacional. Quisiera resaltar, asimismo, que trabajar con el magnífico equipo profesional de inversiones supone, sin duda, un apoyo inestimable a la hora de adoptar las mejores decisiones en activos que garanticen rentabilidad y solvencia.
Entendemos que 2021 va a ser el año del comienzo de la recuperación global derivada de la progresiva normalización sanitaria a pesar de que no todas las empresas ni sectores lo hagan en igual medida. Observamos una posible inflación a medida que se recupere el consumo. La renta variable irá muy vinculada a los beneficios empresariales, habrá que estar atentos a los sectores bancos, energía y turismo. La visión, pues, es actuar selectiva y pacientemente en el mercado de renta fija, así como ir materializando inversiones en renta variable realizadas el año pasado; todo ello en un contexto de máxima prudencia.
La cartera de inversiones financieras de la Mutualidad se caracteriza por: la calidad de sus activos, el modelo de gestión, el riesgo contenido, la vocación de largo plazo y la independencia de criterio, combinando, pues, solvencia y rentabilidad. La parte fundamental de los más de 10.000 millones de euros, a valor de mercado, que componen la cartera a día de hoy, se basa en renta fija, complementada con renta variable que no puede superar el 10% de nuestras inversiones, sumado a un apartado inmobiliario que supone aproximadamente un 7% del total de la cartera. Todo ello con una adecuada tesorería como protección y reserva ante movimientos convulsos de los mercados. El resumen es que la Mutualidad tiene una cartera de alta calidad, de elevada duración, segura y líquida, manteniendo un alto nivel de solvencia superior al 200% de lo exigido por el regulador.
La crisis del Coronavirus ha supuesto un drama sanitario y social que ha tenido consecuencias en la economía y en los mercados financieros. Con respecto a Mutualidad de la Abogacía, aún en un contexto de total incertidumbre, los resultados obtenidos pueden ser calificados de muy positivos, con una rentabilidad superior al 3%, ello gracias a la calidad de los activos, la reserva de liquidez y las acertadas decisiones de gestión implementadas. Así, aprovechamos los momentos más complicados del año para realizar fuertes inversiones, tanto en renta fija como en renta variable. Se acertó al prever la llegada de vacunas, políticas de estímulo fiscal y monetario y cambio geopolítico en USA. Todos estos elementos fueron analizados para adoptar las acciones de inversión realizadas. La crisis del Covid ha supuesto, sin duda, un test de estrés en el conjunto del mercado, subrayando que, en el pico de la pandemia de marzo a mayo de 2020, la Mutualidad mantuvo un muy elevado ratio de solvencia, fruto de la calidad de la cartera en la que, fundamentalmente, la renta fija nos condujo a la ausencia de riesgo.
Evidentemente, esta crisis sanitaria ha provocado una gran catástrofe en nuestra economía puesto que, empezando por las grandes empresas, pasando por los trabajadores autónomos y acabando en los asalariados, todos y cada uno de ellos se han visto, en mayor o menor medida, afectados. Correlativamente, la carga de trabajo de los abogados se ha visto incrementada ante la necesidad de poner solución a todos los problemas que la crisis ha traído: Ertes, desahucios, despidos, incumplimientos contractuales, etc. Por ello, podemos decir que en esta crisis, al margen del tema sanitario, los abogados estamos jugando un papel crucial en la vida personal y social de los ciudadanos.